Revista Innovación Seguridad » Monitoreo » 16 abr 2013
Córdoba: un paso atrás en Seguridad
Finalmente la Provincia de Córdoba, desoyendo los reiterados pedidos de audiencia de las empresas y de las cámaras empresarias, implementó el Decreto 785/12 que incrementará en hasta $ 180 el valor mensual del abono de monitoreo para los comercios y $ 90 para los hogares. Estos valores representarán inevitablemente entre un 60% y 100% de aumento en el precio promedio para los abonados de la provincia, resultando a todas luces una tasa arbitraria, abusiva y confiscatoria.
Pero el decreto no sólo tornará más caro el servicio para los ciudadanos, que en busca de un poco más de protección y seguridad contratan este servicio, sino que implicará el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo para los cordobeses.
Es como desconocer que las empresas de monitoreo de alarmas, a través de la aplicación de sus protocolos y de la verificación con personal propio, contribuyen a disminuir la cantidad de móviles que acuden a los domicilios de los abonados, haciendo así más eficiente el uso de la fuerza pública.
Asimismo, con el nuevo Decreto, la policía cobrará a las empresas por cada posible robo del que le den aviso, alrededor de $ 2300, cifra excesiva en extremo.
Pareciera que no se tuvo en cuenta que sucedería si los 50.000 usuarios de alarmas que tiene la provincia dieran aviso telefónico directamente a la Policía sin el previo filtro de las empresas de monitoreo.
Ante tal situación, ¿qué sucedería si la Policía de la Provincia tuviera que despachar móviles por cada una de las 55.000 llamadas mensuales que reciben las empresas de monitoreo de alarmas y que luego de su tarea de discriminación y filtrado, hace que sólo pasen a la fuerza policial algo menos del 4 % -es decir, tan sólo 2.000 despachos policiales-?.
Es realmente lamentable que no se haya tenido en cuenta la opinión de los prestadores del servicio.
La aplicación sin modificaciones del Decreto 785/12 implicará un serio perjuicio que hará inviable el negocio de las empresas de monitoreo que operan legalmente en la Provincia de Córdoba.
Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL
Es como desconocer que las empresas de monitoreo de alarmas, a través de la aplicación de sus protocolos y de la verificación con personal propio, contribuyen a disminuir la cantidad de móviles que acuden a los domicilios de los abonados, haciendo así más eficiente el uso de la fuerza pública.
Asimismo, con el nuevo Decreto, la policía cobrará a las empresas por cada posible robo del que le den aviso, alrededor de $ 2300, cifra excesiva en extremo.
Pareciera que no se tuvo en cuenta que sucedería si los 50.000 usuarios de alarmas que tiene la provincia dieran aviso telefónico directamente a la Policía sin el previo filtro de las empresas de monitoreo.
Ante tal situación, ¿qué sucedería si la Policía de la Provincia tuviera que despachar móviles por cada una de las 55.000 llamadas mensuales que reciben las empresas de monitoreo de alarmas y que luego de su tarea de discriminación y filtrado, hace que sólo pasen a la fuerza policial algo menos del 4 % -es decir, tan sólo 2.000 despachos policiales-?.
Es realmente lamentable que no se haya tenido en cuenta la opinión de los prestadores del servicio.
La aplicación sin modificaciones del Decreto 785/12 implicará un serio perjuicio que hará inviable el negocio de las empresas de monitoreo que operan legalmente en la Provincia de Córdoba.
Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL