Estimados Colegas:

Recuerdo que el día 16 de Agosto del año pasado, en la reunión del Grupo de Monitoreo de CASEL, efectuada en el marco de la INTERSEC 2012, las empresas cordobesas expusieron los perjuicios que podrían causarles la puesta en vigencia del Decreto 785/12 de reciente promulgación.

A partir de ese momento apoyamos y asistimos permanentemente a CESEC en todos los pasos que fueron dando, a la vez de tomar iniciativas por nuestra cuenta, como fue gestionar el apoyo de CAME y presentar una nota el 22 de Febrero de este año solicitando una audiencia al Gobernador de Córdoba.

Nuestro compromiso con esta causa fue el tema central de tres editoriales en la revista INNOVACION Seguridad Electrónica.

Habiéndose agotado las instancias, decidimos impulsar la publicación de la solicitada (acción que ya veníamos consensuando con CESEC), entendiendo que no solamente estábamos defendiendo la actividad en Córdoba, sino también en todo el país, pues de prosperar la implementación de la nueva reglamentación en esta provincia, quedaría allanado el camino para que otras provincias aplicaran el mismo criterio y produzcan un perjuicio descomunal a todas las empresas de monitoreo, con evidente repercusión en el resto de nuestro sector empresario (proveedores de equipos, fabricantes, instaladores, etc.).

Cabe destacar la solidaridad puesta de manifiesto por CEMARA que se identificó plenamente con la propuesta, participando en un acontecimiento que realmente demuestra un alto grado de madurez de todos los representantes del sector.

Es un hecho importante: se trata de la primer solicitada que publican los empresarios de la Seguridad Electrónica unidos a través de CASEL, CESEC Y CEMARA.

Pero no debemos quedarnos en ésto; el segmento del Monitoreo de Alarmas se debe una profunda discusión y análisis acerca de cómo encarar su actividad gremial empresaria de aquí al futuro.

Se avecina una puja entre los gobiernos provinciales y las empresas de monitoreo por el 35,9% del negocio de la seguridad electrónica en la Argentina (según datos de nuestro estudio de mercado).

Se trata de optar entre dos posiciones: a) mantener la pasividad y actuar por reacción ante las reglamentaciones que vayan produciendo las diferentes jurisdicciones, o b) ser protagonistas de la elaboración de una reglamentación tipo a ser presentada a todos los gobiernos, en la cual no solamente se presenten los ocho puntos que fueron consensuados oportunamente entre CASEL y CEMARA, sino también que se establezcan tasas que estén relacionadas con la evolución del negocio.

Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL



Desde C.E.S.E.C. estamos realizando todas las acciones posibles, tanto legales como institucionales, y difundiendo la problemática a través de todos los medios de prensa locales, con el fin de lograr la nulidad del DR 785/12 y su modificación 184/13.
 
Es importante hacer hincapié en el hecho de que las Empresas de Monitoreo, y el servicio que las mismas prestan, son aliados en la prevención delictiva, colaborando con la Policía para la labor eficiente de dicha Institución. Sin embargo, el marco regulatorio que se quiere imponer, inconstitucional en varios de sus Artículos, refleja un fin meramente recaudatorio, el cual atenta contra la permanencia de las Empresas y, por ende, contra la Seguridad de todos los cordobeses.

Previo a que se sancionara este Decreto, la C.E.S.E.C. solicitó participar en la elaboración de un Marco Regulatorio actualizado, y desde agosto pasado, luego de la sanción del Decreto 785/12, nuestros representantes trataron de reunirse con las Autoridades competentes para plantear la realidad de las Centrales de Monitoreo. Lamentablemente, al día de la fecha, no hemos obtenido respuesta favorable al respecto, y esta misma incertidumbre ya está generando numerosas pérdidas de Abonados y el cierre de Estaciones de Monitoreo en la Provincia.

Sólo podemos esperar que el Gobierno de Córdoba entienda que debe primar “la seguridad de los ciudadanos” sobre una “recaudación desmedida”, y que esta situación se debe revertir a la mayor brevedad posible.
 
José Luis Armando
Presidente de CESEC



MONITOREO DE ALARMAS:
Tasas por publicidad y propaganda, tasas por alta de abonados, tasas anuales o mensuales por prestaciones (presuntas o ciertas), IVA del 27%, etc.… ¿Hasta dónde la imaginación de algunos de nuestros representantes y/o gobernantes (de cualquier lugar, nivel o signo político) puede llegar para estímulo de nuestra sorpresa?
Con lo sucedido en la provincia de Córdoba, nos vinimos a “aggiornar” que además pueden ser tan desmedidas como al funcionario de turno se le ocurra.

Impopular, injusta, distorsiva, abusiva, son muchos los adjetivos que le caben a esta pretensión dineraria del ejecutivo cordobés, pero en definitiva lo más preocupante es que a las empresas no les queda margen para absorberlo y por lo tanto sólo encarecerá un servicio que hoy es esencial para muchos, dejándolo fuera del alcance de aquellos que como nuestros jubilados, son parte del sector más vulnerable de nuestra sociedad, ¿A cambio de qué?... si lo que buscan es garantizarle al ciudadano calidad de servicio los han asesorado muy mal, ese no es el camino, para eso están los estándares y las normas.
 
Rebuscando entre mis notas encontré una editorial escrita en junio de 2010 (tres años atrás), la que me pareció oportuna y necesaria reeditar y  que sin maquillaje de ningún tipo dice así:    
“La necesidad del estado de hacerse con un mayor monto por recaudaciones para afrontar los cada vez más abultados gastos, ha hecho que el déficit lo tengamos que pagar todos los sectores productivos y la sociedad en general. Pero en el caso de los cánones y/o tasas que los gobiernos provinciales y/o municipales pretenden cobrar a nuestros servicios, no es ni más ni menos que imponerle a los abonados de un servicio de monitoreo  un castigo adicional  al que ya genera el alto grado de inseguridad reinante. Parece sacado de una tira cómica, que quienes para tratar de auto protegerse de los acechos del delito, compran sistemas de seguridad y contratan servicios de monitoreo (que en definitiva invierten de su bolsillo), deban pagar por las mismas  contribuciones extras destinadas al estado. Si es éste el que a lo largo de las últimas décadas no ha podido implementar políticas de seguridad suficientemente eficaces para parar este atroz flagelo que sufre la sociedad entera.
Por el contrario, el estado mismo debería promover el crecimiento de  inversión del sector privado en materia de seguridad, cuanto mayor sea ésta, mayor será la eficiencia con la que podrá administrar los magros recursos (que es casi un común  denominador en muchas provincias de nuestro país), con que cuenta la policía.
Aún no sólo no debieran existir estas retribuciones extras, sino que se debería contemplar una disminución y/o eliminación en las ya existentes, como son el pago de ingresos brutos y el del IVA, por sólo nombrar los más conocidos”.

A este editorial podría hacerlo mucho más extenso (sobra letra), pero hoy sólo le agregaré una consideración más: “Es el sector, o sea todos nosotros los que tenemos que hacer un pronunciamiento firme al respecto y sin necesidad de levantar la voz, con sólo hacerlo al unísono nos haremos sentir mucho más fuerte”. 

Ing. Walter Mario Dotti
Presidente de CEMARA

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TEXTO DE LA SOLICITADA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

La Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro (CESEC) y la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA) en forma conjunta, y en representación de la totalidad del mercado de las empresas que realizan el monitoreo de alarmas instaladas en casas y comercios de la provincia de Córdoba, desean poner en conocimiento del PUBLICO EN GENERAL, usuario de tales servicios, el inminente cese de los mismos por la reciente puesta en práctica de los Decretos Nro. 785/12 y 184/13 dictaminados por el Poder Ejecutivo de la Provincia que hace INVIABLE LA ACTIVIDAD.

El primero de los decretos, abusivo y confiscatorio, pretende gravar con hasta UN CIEN POR CIEN el valor del abono que el ciudadano paga por el servicio de monitoreo tanto de la alarma de su hogar como de su comercio. Esto obligará a las empresas del sector a DUPLICAR el costo del servicio para mantenerlo vigente, sin afectar la calidad del mismo.
Pero el decreto no sólo tornará más caro el servicio para los ciudadanos, que en busca de un poco más de protección y seguridad lo contratan, sino que implicará seguramente el cierre de empresas y la posible pérdida de puestos de trabajos para los cordobeses.
Las modificaciones hechas en el Decreto 184/13, más que solucionar el daño hecho a las empresas y a los abonados, lo intensifica. Ya que con la disminución del canon en un 50% para las empresas que tienen menos de 1000 abonados (sólo para casas de familia, no comercios), genera una distorsión en el mercado, con precios diferentes para el mismo servicio.

Las empresas, representadas a través de las Cámaras del sector, le decimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba:
• Que será responsable de la pérdida de más de 420 puestos de trabajo que directa o indirectamente genera nuestra actividad.
• Que las empresas de monitoreo de alarmas, a través de la aplicación de protocolos de análisis de alarmas recibidas y de la verificación con personal propio, contribuyen a disminuir la cantidad de móviles que acuden a los domicilios de los Cordobeses, haciendo así más eficiente el uso de la fuerza pública.
• Que el gobierno pretende cobrar a las empresas de nuestro sector por cada posible robo del que se le dé aviso a la policía, alrededor de $2.300 (resultante de lo recaudado y la cantidad de móviles enviados), lo que resulta a todas luces un despropósito que paga el ciudadano cordobés para ser protegido por la misma policía que paga con sus impuestos. Es decir, y para ser claro, que el ciudadano cordobés PAGARÁ DOS VECES POR EL MISMO SERVICIO.
• Que la nueva tasa resulta por sobre todas las cosas arbitraria, abusiva y confiscatoria.
• Que con esta medida proliferarán las empresas de monitoreo de alarmas clandestinas que no se harán responsables de su servicio frente al cliente.
Por ello también le decimos que la aplicación sin modificaciones de los Decretos 785/12 y 184/13 puede implicar la quiebra inmediata de las empresas de monitoreo de la Provincia de Córdoba, dejando al descubierto una de las principales demandas de la ciudadanía cordobesa: la seguridad.
O lo que resulta peor para los valores que debe custodiar el Estado: el acorralamiento al ciudadano para que este opte por empresas ilegales para no ceder ante la inseguridad que diariamente se vive. Empresas que a su vez brindarán sin dudas un servicio muy inferior en calidad, generando así más llamados injustificados y fuera de todo control a la Policía.
Es decir que el Estado provincial, con esta medida, logrará el efecto contrario al deseado:
- MAYOR INSEGURIDAD PARA EL CIUDADANO
- MAYOR ILEGALIDAD EN LA ACTIVIDAD DEL MONITOREO DE ALARMAS
- MENOR RECAUDACIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTOS PARA EL ESTADO
La sensación de seguridad que decenas de miles de hogares hoy tienen gracias al Monitoreo se verá resquebrajada.
Con el más sincero deseo de poder cumplir con la Ley es que solicitamos que se realice una revisión y ajuste de la cuestionada norma, para que podamos cumplirlo en todo su contenido y se abran las vías de diálogo, que no han existido hasta la fecha.
Desde el sector empresario siempre hemos abogado por ese diálogo, que fue constantemente negado en particular por el Ministro de Seguridad Alejo Paredes y en general por el Estado Provincial. Hasta ahora sólo ha primado la desmesurada pretensión Estatal.

Las empresas del sector decimos:

• SÍ A LA SEGURIDAD
• SÍ A LA LEGALIDAD
• SÍ AL PAGO DE IMPUESTOS
• NO A LA CONFISCACION DE NUESTRAS EMPRESAS

Solicitada solventada por el aporte voluntario de los socios de CASEL, CESEC y CEMARA.