Ya está activo el sistema de declaración de emergencias e-911, una plataforma web cuyo objetivo es que las empresas de servicios de monitoreo de alarmas fijas cursen todas sus notificaciones de emergencias a través de él. De esta forma, el 911 telefónico queda reservado para los ciudadanos. Y también será una alternativa de contingencia para las empresas de monitoreo.

A la vez, la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) emitió en los últimos meses una serie de disposiciones y anexos técnicos que dan marco a un nuevo protocolo de cumplimiento obligatorio para las empresas de monitoreo de alarmas.

Durante un panel efectuado en el Security Day, Dr. Ignacio Cocca, director general de Seguridad Privada del GCBA, explicó los motivos que impulsaron el desarrollo de este protocolo: “En 2014 los objetivos de seguridad electrónica domiciliaria declarados eran 15.843 y pasaron a 41.108 en diciembre de 2018, donde había registradas 72 empresas de seguridad electrónica. Y la cantidad de despachos policiales que surgieron en todo 2018 a través del servicio telefónico 911 fueron 255.414. Cada despacho policial que interviene en un supuesto ilícito que no se verifica, se desperdicia. Y no solo se pierde plata sino, también, efectivos que deberían estar resolviendo problemas dentro del ámbito de la ciudad”.

El funcionario agregó que, a partir de esta situación, se convocó a las cámaras vinculadas con seguridad -CASEL, CEMARA, CAESI y AESPCA- y comenzaron a reunirse quincenalmente. “Así se consensuó un blanqueo de objetivos con facilidades de pago, legislación específica y protocolos de aprobación de instalaciones, entre otras iniciativas. Y se puso en marcha el proyecto e-911, a partir de una disposición que lo regula, que otorga valor jurídico a la identificación y operación“, dice.

“El e-911 brinda un canal exclusivo para empresas de seguridad electrónica, que ya no tendrán que estar en cola de espera en el 911 telefónico. Y se fijan dos minutos como máximo entre la información del evento por parte de la empresa de monitoreo y la salida del móvil policial. Además, junto con las cámaras concluimos que hay que hacer la confirmación del hecho antes de declararlo. No obstante, si no se logra la confirmación, el operador debe informar esta cuestión y hacer igual el despacho”, explica Cocca.

Esta confirmación previa puede darse por la pérdida de una o varias vías de comunicación, la activación sucesiva de dos o más dispositivos de alarma desde elementos diferentes y en un tiempo concordante con la configuración del objetivo protegido, la confirmación telefónica con el titular del contrato de alarmas o quien éste designe en el lugar del hecho, la confirmación telefónica con vecinos del lugar, la confirmación telefónica con el titular del contrato de alarmas o quien éste designe fuera del lugar del hecho, la confirmación mediante dispositivos de escucha, la confirmación mediante dispositivos de captura de imagen, o la confirmación en el lugar del hecho con personal de la prestadora de seguridad privada.

Durante el 10 de abril y el 9 de septiembre de 2019 se realizó la prueba piloto del sistema e-911 con una empresa y 10 operadores para todos los turnos. Se cursaron 5.146 sucesos confirmados, y se logró fiscalizar servicios de seguridad electrónica que derivaron en 41 sanciones a infractores. “Hasta principios de octubre había tres empresas dentro del sistema e-911, es decir, ya hicieron el blanqueo de objetivos y el alta de todos sus operadores de monitoreo. Además, se les pide que declaren los teléfonos que usarán para llamar al 911 para que, cuando todo se canalice a través del e-911, se puedan identificar los llamados que reciba el 911 desde empresas habilitadas de seguridad electrónica, que ya son 106. Es decir, desde fines de 2018 hasta principios de octubre de 2019 crecieron de 72 a 106. Esto muestra que las empresas están entendiendo que deben acompañar este proceso", afirma Cocca.

El funcionario compartió datos estadísticos que muestran que, a julio de 2019, los objetivos declarados de seguridad electrónica habían crecido un 32,2% hasta llegar a 54.341, y que hubo 104.568 despachos realizados por el sistema telefónico 911 en el primer semestre de 2019, un 21,4% menos que los realizados en el mismo período de 2018.

Los aspectos técnicos del sistema e-911 fueron explicados por el Ing. Daniel Cortes, Gerente Técnico y Control de la Dirección General de Seguridad Privada: "El esquema implica que el operador de la empresa de monitoreo recibe la alarma y debe verificarla por algún medio. Luego, mediante el sistema e-911 se comunica con los servidores de la DGSP a partir de la declaración de objetivos, y se hace el despacho. Esta información va directamente al área de despacho de Policía de la Ciudad. Y a los 2 minutos -en promedio- sale el móvil policial o un efectivo o lo que sea. Luego, la policía informa el resultado del suceso a la DGSP y a la empresa de monitoreo. El operador que realiza el despacho puede cancelarlo dentro del minuto siguiente. Cuando todas las empresas estén dentro del e-911, el sistema telefónico quedará como contingente. Y si se recibe el llamado desde una empresa no habilitada se harán los controles correspondientes y se tomarán medidas correctivas".

El director general de Seguridad Privada del GCBA insistió en la necesidad de que las empresas se ajusten a derecho para evitar clausuras: “La declaración de objetivos es obligatoria. Si aparece un objetivo no declarado, el despacho se hará igual pero también se hará una sanción administrativa. La tasa por los objetivos declarados se paga una vez, no hay que pagarla nuevamente cuando se renueva la habilitación de la empresa. Hay algo que espero no tener que volver a hacer, y son clausuras. Una empresa formal, ordenada, con las cargas sociales al día, etcétera, no puede cobrar $ 300. Hay que entender que es imposible que el informal brinde seguridad. ¿Cómo se sabe, desde el Estado, que no está haciendo un estudio para luego cometer un ilícito? Hay empresas que fueron notificadas en tiempo y forma y no hicieron nada en cinco meses. Sucedió que, al llegar a una empresa, el responsable no preguntó qué tenía que hacer para cumplir con la normativa sino cómo lo habíamos encontrado. Entonces, ¿cómo puede brindar seguridad si pretende estar oculto? La responsabilidad no es solo de las Cámaras y del Estado, sino también de quienes hacen negocio con la seguridad. Hay que leer la normativa que está en la web del GCBA y aplicarla. No es complicado: se presentan los papeles y, si todo está en orden, la habilitación y el registro tardan cinco días aproximadamente. Entre todos debemos tender a que la actividad se ordene“.

Las Cámaras

Por su parte, el Ing. Alberto Zabala, presidente de CEMARA -Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina-, explicó cuál era la situación hasta hace un tiempo: “No hay una ley nacional que regule esta actividad, solo leyes locales que establecen que la empresa de seguridad tiene la obligación de dar aviso inmediato ante un evento y tiene prohibido emitir avisos falsos. Entonces, cuando el gobierno porteño nos consultó antes de redactar la Ley 5.688, una de las cuestiones que impulsamos fue el ‘tiempo de filtrado’. Es decir, poder analizar el hecho antes de pedir el despacho policial. Antes, ante la duda, se pedía el despacho policial sin filtrado y así se llegó a un sistema de abuso. En CABA se lo introdujo y esto es beneficioso para las empresas y para los ciudadanos, que pretenden que sus impuestos se gasten de manera lógica. Ahora pretendemos que se introduzca el ‘tiempo de filtrado’ en la normativa de la provincia de Buenos Aires“.

Por otro lado, el ejecutivo destacó que en noviembre de 2018 fueron convocados por la DGSP porque “las llamadas al 911 estaban fuera de lógica y las alternativas eran multarnos o cobrarnos un canon mensual. Entonces propusimos poner en marcha un protocolo y que las empresas que puedan llamar al 911 estén habilitadas. El protocolo es el que se implementó junto con el sistema e-911. Analizamos cómo se usaba el sistema 911 y observamos que solo cinco empresas consumían el 50% de los despachos. En provincia de Buenos Aires había 700.000 despachos anuales y otros 300.000 había en CABA, todos pedidos por empresas de monitoreo. Luego de la implementación del ‘tiempo de iltrado’  bajaron un 30%, a 700.000 en total. Nos esforzamos mucho para no malgastar los recursos estatales pero a partir del automonitoreo, me pregunto si los recursos que nosotros ahorramos no se van a gastar igual. Creo que, como Cámaras, deberíamos plantear esta cuestión a los legisladores“.

El presidente de CASEL -Cámara Argentina de Seguridad Electrónica-, Ing. Enrique Greenberg, se refirió al proyecto de Ley Federal de Seguridad Electrónica indicando que “muchas de sus propuestas aparecen reflejadas en la Ley 5.688, de Seguridad Privada, de C.A.B.A. Especialmente, en todo lo vinculado con los grados de seguridad, las normas técnicas del IRAM, la capacitación del personal técnico en todas sus etapas, el registro del personal habilitado, el centro único de coordinación y control, y otros aspectos igualmente relevantes. Si bien la Ley 5.688 aún no tiene un Decreto Reglamentario, las reuniones de gobernanza dirigidas por la DGSP se convirtieron en un ámbito de participación y debate con las Cámaras empresarias, en el que se van plasmando los aspectos técnicos y operativos vía Disposiciones y Resoluciones, que dan un marco de referencia al desarrollo de la actividad. Este procedimiento está teniendo resultados muy positivos, que nos permiten sentir que estamos redactando el equivalente al Decreto Reglamentario de la ley en la ciudad de Buenos Aires“.

Por otro lado, Ramón O. Verón, presidente de CAESI -Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación-, destacó que “nosotros representamos a la seguridad física, donde los llamados son muy eventuales y los hace un vigilador por teléfono, que está viendo directamente algo sospechoso. Pero acompañamos esta normativa dado que la idea es trasladarla a custodios de mercancía en tránsito. Y, finalmente, integrar todo en una Ley Federal de Seguridad, en la que están trabajando los legisladores“.

Y Alejandro Pallota, directivo de AESPCA -Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Capitales Argentinos de la Ciudad de Buenos Aires-, manifestó que desde la entidad comparten “la alegría porque este proyecto público-privado está funcionando. Nos gustaría ver más fajas de clausura cuando corresponda: que haya consecuencias por no hacer las cosas como fija la ley y como acordamos, beneficia a todos“