Ahora esa obligación sigue igual pero agrega una posibilidad adicional que es el reclamo del trabajador por la vía civil al empleador por alguna diferencia que pudiera existir.

El fallo ha sido muy reciente, todavía no hay un análisis muy profundo del tema, pero si el problema estuviese motivado en una insuficiencia de la prestación, lo razonable sería aumentar las prestaciones a través de una ley para todos los trabajadores y no que todos los trabajadores tengan que estar sometiéndose a un proceso judicial para mejorar la prestación que han recibido.
Entonces pensamos que una prestación tarifada de un monto dado, es beneficioso tanto para el trabajador como para el empleador y hace factible el seguro, es decir, que no es factible un esquema del seguro donde no hay tarifación. Además la cuestión es que estos esquemas en el pasado ya han sido probados y demostraron su ineficacia.
El sistema de riesgos del trabajo no es que nace por inspiración del gobierno de turno sino que fue muy impulsado por las Pymes y por el sector sindical.
El fallo trae un muy fuerte impacto para las Pymes que no tienen un equipo montado como para administrar los juicios. Es que, a veces, un accidente que puede costar 100 o 200 mil pesos deja sin trabajo al grupo de personas que estaban empleadas en esa Pyme.
El sistema se hizo así porque el anterior quebró.
Antes de esta ley había 53 mil demandas por año, en cambio, bajo el actual sistema hay sólo 3 mil por año en promedio.
Hoy por hoy no hay cobertura de responsabilidad civil por temas de accidentes de trabajo, entonces, lo va a poner en un brete al empleador.

La situación es gravísima para todas nuestras empresas, ya sea por el desconcierto real a la hora de enfrentar un accidente, como así también la recesión que esto va a causar y que va a hacer que se pare toda la actividad.
Sumado a eso, la falta de seguridad jurídica que esto delata que tenemos en nuestro país y lo difícil que se hace para una PYME desarrollarse en una situación de semejante inestabilidad. Cuando se había creado justamente un instrumento como la ART que permitía tanto a empleados como empleadores resolver la situación, y hoy con un fallo imprudente se tiran por la borda todos los avances logrados y la consiguiente incertidumbre que instala en el sistema, generando seguramente más desempleo.
De acuerdo a lo tratado en la última reunión de Comisión Directiva de CASEL, éste es un tema muy delicado para nuestras empresas, por no contar con una solución a la mano como es la de contratar un seguro pues no se conoce el límite máximo al cual se arribará en el reclamo y también un importante aumento de costos, que irremediablemente se deberán trasladar a los precios a facturar a nuestros clientes y la sabida pérdida de competitividad.
Si bien puede haber un anteproyecto para modificar la Ley de ART por parte del Congreso, el tratamiento de este tema puede demandar tiempo.
Nos consta que CAME empezó a presionar por los canales habituales, para obtener alguna respuesta en forma urgente. Creemos que tenemos que sumarnos y batallar a fondo contra esto. Como también hay que batallar contra los fallos de la eliminación de los topes indemnizatorios. Que también, lo único que van a producir son el cierre de más empresas y otra vez más desempleo.
De estas consecuencias se da cuenta cualquier persona, pero quienes impulsaron este fallo de la corte no lo quieren ver porque atrás de esto evidentemente hay muy buenos negocios, tal como dice el documento de la CAME para los poderes financieros, generando una nueva industria del juicio en Argentina.
Como está planteado el tema, no debemos bajar los brazos en esta lucha. La única pequeña posibilidad de que podamos dar un cambio de rumbo es que lo peleemos desde estos ámbitos como las organizaciones intermedias y mucho mejor en este caso de la mano de CAME.
Debemos profundizar de inmediato una campaña de información a todo el empresariado PYME, y de acercamiento con otras instituciones para sumarnos en una lucha por una modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo debido a que la actual es de increíble gravedad para nuestras empresas.
Para ello proponemos consolidar la adhesión de las PYMES mediante la firma de un petitorio para ser presentado al Congreso de Nación en el cual se fundamente la necesidad de modificar la norma actual, o en su defecto elaborar una nueva ley

Ing. Enrique Greenberg - Presidente
Marcelo Colanero - Secretario