El evento contó con más de 300 participantes entre autoridades nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad, legisladores, representantes de cámaras, y empresarios del sector.


El Ing. Enrique Greenberg, presidente de CASEL, abrió la charla exponiendo la situación del sector. “La seguridad electrónica en nuestro país creció un 250% en los últimos diez años. Hoy emplea a más de 14.500 personas y factura 755 millones de dólares al año. En la década del 80 hablábamos sólo de alarmas sonoras y sistemas básicos de detección de incendios. Treinta años después contamos con una tecnología que nos permite reconocer en vivo rostros en una noche cerrada a través de cámaras de visión nocturna automatizadas”. Y agregó: “la tecnología evolucionó, el mercado creció, los delitos se complejizaron, y los riesgos aumentaron, pero aún no contamos con una legislación que regule nuestra actividad”.

En este contexto el presidente de CASEL señaló que se pusieron a trabajar. “No es habitual que una cámara empresaria elabore un proyecto de ley para regular su propio mercado, pero nosotros nos hicimos cargo de esta necesidad, que consideramos esencial tanto para acompañar el crecimiento profesional de nuestra actividad como para resguardar la seguridad pública”, aseguró Greenberg.

El Proyecto
El proyecto de Ley demandó un año y medio de trabajo por parte de CASEL, el cual contó con el asesoramiento externo del estudio Cassagne, especializado en la materia. En la redacción de sus 91 artículos participaron especialistas en detección de intrusión, cercos eléctricos perimetrales, controles de acceso, monitoreo  remoto,  detección  de  incendio,  video  sistemas  de  seguridad,  y sistemas integrados de seguridad. Entre sus principales objetivos, el proyecto propone fijar un marco normativo propio que profesionalice la actividad a nivel nacional para la aceptación de dispositivos a instalar, la adopción de normas técnicas, la habilitación de personal técnico y profesional matriculado; como así también la obligatoriedad de la intervención de profesionales para la confección de pliegos de especificaciones técnicas en las compras del Estado.

Las regulaciones actuales
El Lic. Daniel Banda, vicepresidente de CASEL, expuso acerca de la precaria situación regulatoria actual. El empresario aseguró que “hoy existen unas 20 legislaciones en todo el país, tantas como jurisdicciones provinciales, donde algunas son leyes, otras normas, y otras disposiciones, pero en todos los casos se trata de regulaciones atrasadas e incompletas que desconocen la actividad y que ponen en riesgo su viabilidad económica y la seguridad en general”. En cuanto  a  la  importancia  de  alcanzar  una  regulación   adecuada, Banda ejemplificó con ciertos servicios sensibles que hoy se ofrecen sin la adecuada legislación y control y que ponen en riesgo la vida humana. “Si un individuo coloca 220 voltios en un cerco perimetral puede costar vidas; si un individuo adultera equipos de control de acceso a establecimientos público-privados, o estos no se encuentran debidamente homologados y fiscalizados, e ingresa mayor cantidad de gente que la permitida, puede costar vidas; si alguien instala un servicio contra incendios deficiente en la búsqueda de economizar costos y  una  empresa  se  lo  provee,  puede  costar  vidas”.  Y  concluyó: “Establecer un marco regulatorio eficiente no sólo es prioritario para nuestro sector como actividad económica, es esencial para la seguridad pública en su conjunto”.

Alcances del proyecto de Ley
En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley, el Dr. Raúl Alfredo Castro, Asesor
Legal de CASEL, señaló que “si bien el objetivo del proyecto es la uniformidad regulatoria a nivel Nacional, se trata de un proyecto de ley local, destinado a las provincias y a la CABA. No resulta constitucionalmente viable sancionar una regulación nacional integral que unifique la normativa en todo el país”.
 
Sobre el final de la presentación, Greenberg retomó la palabra y resumió el objetivo del proyecto resaltando que este busca colaborar en el mejoramiento de los estándares de seguridad pública con una regulación más eficiente y adecuada a las necesidades actuales del sector, estableciendo requisitos técnicos mínimos según el objetivo al que se presente el servicio y cuál es el servicio prestado. Y agregó: “hoy hemos dado un gran paso en la profesionalización de la actividad, pero estamos a mitad de camino, aún nos queda la tarea de convencer a los legisladores de que traten la ley. En eso estamos”, finalizó el Presidente de CASEL.