lunes 23 de julio de 2018
Revista Innovación Seguridad » Monitoreo » 14 ago 2009

Las Pymes de monitoreo de Entre Ríos necesitan ayuda

Las Pymes que ofrecen servicios de monitoreo de alarmas en Entre Ríos sufren las dificultades que se derivan de la aplicación del Decreto Nº 2940/01, además de estar afectadas por la crisis económica que azota a la provincia en su conjunto.


Las prestadoras de monitoreo de Entre Ríos están siendo afectadas, en la mayoría de los casos, por vacíos o fallas en el Decreto Nº 2940/01 que norma la actividad. Situación agravada por la estrictez que están poniendo las autoridades en exigir su cumplimiento a pesar de las falencias que tiene esa reglamentación, como se explica más adelante.

Si además tomamos en cuenta que la provincia está inmersa en una fuerte recesión económica -Entre Ríos es muy dependiente de la actividad agrícolo-ganadera- debemos decir que las empresas que brindan servicios de monitoreo de alarmas de Entre Ríos necesitan ayuda.

El polémico Decreto 2940/01
Básicamente, los puntos más conflictivos del Decreto 2940/01 son tres: El primero y fundamental tiene que ver con la autorización de la CNC para operar. El segundo, guarda relación con el canon fijado para la autoridad policial (20% del abono mensual del servicio que las empresas le cobran a los clientes). Y el tercero, enfatiza la falta de diferenciación entre las empresas de Seguridad Física y Electrónica.

El otorgamiento de las Licencias
Según la norma, la licencia de la CNC no sólo la deben presentar las empresas que poseen monitoreo vía espectro radioeléctrico (VHF/UHF), sino también aquellas estaciones que utilicen la línea telefónica fija para la comunicación con el abonado, que son la mayoria. Se trata de un punto muy difícil de cumplir, porque las dificultades burocráticas del organismo y los tiempos de otorgamiento son eternos (2 años como mínimo) y, lo que es más grave aún, es que actualmente no se están entregando nuevas licencias.

Además,en relación a esta licencia de prestador para el monitoreo telefónico, los mismos funcionarios de la CNC no saben de qué se trata cuando nuestros colegas se presentan, ya que técnicamente el requisito del Dec 2940/01 es inaplicable.

Como si esos obstáculos fueran pocos, para las pequeñas empresas los gastos son muy elevados, ya que a los costos propios de la Licencia se le deben sumar los honorarios de un profesional registrado y autorizado por la CNC (gestor), requisito indispensable para presentar la solicitud. En el caso de utilizar un vínculo radioeléctrico, las empresas también deberán solicitar una licencia para ese fin y, una vez otorgada, presentarse a concurso para el otorgamiento de la frecuencia,donde otra vez los tiempos se vuelven un martirio.

Un Canon fijo para la Policía
En el caso del canon, la norma lo establece para aquellas empresas que basan su servicio en la Policía, como es el caso de las que no cuentan con móviles de verificación. Este es un punto muy discutible, que debería analizarse con mayor profundidad y entre todos los actores involucrados. Los abonos mensuales de monitoreo suelen ser ínfimos para dar acceso a una seguridad como el ciudadano merece, alcanzando a la mayor parte de la poblacion. Dentro de ese abono hay costos técnicos de mantenimiento de alarma, de recursos humanos de operadores y supervisores y varios otros sobre los cuales es totalmente descabellado pre-tender un canon proporcional. El servicio de monitoreo asiste a la fuerza pública en reducir sus esfuerzos de patrulla innecesarios brindando la localización exacta del ilícito y cuándo ocurre.

Seguridad Física y Electrónica, sin distinción
Por último, es fundamental que la Ley distinga entre las empresas de Seguridad Física por un lado y las de Seguridad Electrónica por el otro.Ambos servicios difieren totalmente y el Decreto no los diferencia. También es necesario establecer, para adecuar los regímenes de tasas, el siguiente criterio de comparación entre la actividad de la Seguridad Física y la Seguridad Electrónica : Un contrato de servicio de seguridad de 24 horas durante un mes con un vigilador privado tiene un costo del orden de $ 15.000 mensuales,mientras que si se realiza con un sistema de alarma monitoreado el monto es de $ 60 mensuales o menos en el promedio de la provincia de Entre Ríos.

Un futuro mejor
El Gobierno Provincial no está realizando acciones en defensa de la actividad de la PyME de monitoreo y de sus fuentes de trabajo. Frente a esta situación, las empresas de Entre Ríos que ofrecen servicios de monitoreo de alarmas deben cumplir con la Ley, pero también apoyar con fuerza todos los cambios legales necesarios para adaptar la norma a la realidad del mercado actual y ayudar así a desarrollar las Pymes del sector.

Ya es tiempo de que el rubro tenga una legislación única para todo el país, que esté confeccionada por gente idónea y con experiencia en el tema. Entre otras cosas, esa norma deberá diferenciar las pequeñas empresas en crecimiento y facilitarle el acceso.También es importante que se fijen los tiempos máximos en que los organismos oficiales encargados de otorgar licencias y/o autorizaciones deban dar respuesta. Por último, sería muy provechoso reconsiderar la tasa impositiva, ya que se está brindando un servicio que ayuda a la Seguridad –Derechos de Todos- muchas veces olvidado por el sector público.

GRUPO DE MONITOREO CASEL

 

 

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