La problemática se produce por la aparente saturación del sistema 911 a partir de los pedidos de asistencia derivados desde las alarmas monitoreadas, con la previa gestión de las empresas de monitoreo.

 

Dentro de este contexto: el Estado es el responsable de definir los protocolos que las empresas deben cumplir, definiendo los compromisos de las mismas; y haciendo que éstos se cumplan. Las empresas, por su parte son responsables  de formalizar y regularizar su actividad frente a las Autoridades y de intentar "educar" a los usuarios, concientizándolos acerca del buen uso de estos servicios. Finalmente, es necesario que los usuarios tomen su parte en la responsabilidad al momento de solicitar el Servicio de Acuda, dimensionando ante "falsas alarmas" el costo que esto conlleva a la comunidad.

 

El Ing. Enrique Greenberg, Presidente de CASEL expresó: "Los actores de este mercado en general, y CASEL en particular, deben comprometerse en colaborar con esta acción del Estado, concientizando a sus socios y colaborando con ellos, a efectos de que de manera inmediata procedan a regularizar su actividad frente a las Autoridades".

 

En la antes señalada convocatoria que efectuó días pasados el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han comenzado a intentar aunar criterios que reconozcan y permitan solucionar la problemática que dicen se genera al Sistema de Acudas derivado del Servicio 911 de la Policía de la Ciudad, por parte de los sistemas de alarmas monitoreadas a distancia.

 

La seguridad es un servicio monopólico que debe prestar el Estado (en sus diversas formas, Nacional, Provincial, Municipal, de la Ciudad). Para ello cuenta con recursos finitos, y el ineficiente uso de los mismos en algunos casos (por ejemplo para atender situaciones inexistentes) puede producir la imposibilidad de su uso eficiente en otros (por ejemplo para atender reales situaciones).

 

Como titular de dicho servicio, el Estado habilita a DETERMINADOS PRIVADOS para que a modo de “auxiliares”, colaboren con él para el logro del objetivo perseguido de brindar seguridad a sus habitantes y su patrimonio.

 

Desde un primer momento CASEL se ha puesto a disposición de las Autoridades para trabajar de manera mancomunada en procura de la solución de la problemática planteada.

 

En entrevista con el Dr. Raúl Castro, Abogado asesor de CASEL, profundizamos sobre la problemática y sus aristas.

 

¿Cómo pueden colaborar los PRIVADOS a la resolución de esta problemática?

Entiendo que demandando del Estado REGLAS CLARAS para establecer los alcances de su “deber de obrar”, y siempre entre actores de SIMILAR categoría legal (habilitados). Los privados deben actuar de acuerdo a protocolo delimitado por las Autoridades de aplicación. Es decir, basados en un “deber proceder” pre establecido.

 

¿Qué participación tiene CASEL en la elaboración de este protocolo?

Convencido que la ÚNICA forma de lograr un eficaz y eficiente protocolo de actuación sólo surgirá del trabajo conjunto con las empresas del sector; es que CASEL se ha comprometido en el trabajo para la confección de dicho “deber proceder”.

 

¿En qué exactamente está trabajando CASEL?

Los agentes del sector, representados por CASEL, trabajan en intentar lograr determinar, DE MANERA OBJETIVA E INCUESTIONABLE, la forma en que deben proceder ante determinadas situaciones en cuanto al pedido de asistencia al Sistema 911.

 

¿Cuál es el primer paso que deben dar las Autoridades?

Resulta IMPRESCINDIBLE que como medida inicial las Autoridades se comprometan efectivamente con la detección de las empresas que realizan servicios en incumplimiento de la norma vigente. O en su caso, modificar las normas. Lo que no debe suceder, si se pretende escalar en calidad y seguridad de servicio, es contar con normas claras para los que por vocación las cumplan, y anarquía normativa para los que no. Ello no sólo resulta injusto para la mayoría de las empresas del sector (que cumplen con las leyes), sino que atenta contra el objetivo perseguido por el propio Gobierno de la Ciudad.

 

¿Por qué?

Ampliando lo antes señalado, porque una vez detectadas, es prioritario que logren la regularización de las mismas, de manera de lograr que los “auxiliares” del servicio de seguridad prestado por el Estado sean parte de la formalidad de éste.

 

Entonces, es necesario el compromiso del mercado…

Estamos convencidos que los actores de este mercado en general, y CASEL en particular, deben comprometerse en colaborar con esta acción del Estado, concientizando a sus socios y colaborando con ellos. Es INDISPENSABLE que el sector al unísono comprenda la NECESIDAD de encontrarse debidamente habilitados para realizar su servicio, y ejecutar el mismo conforme los protocolos pautados. Todos aquellos que queden “fuera del sistema”, vencido el lógico y elongado plazo para permitir su habilitación, deben ser cuestionados por nuestra propia Industria. Porque es ese uno de los principales flagelos que impiden la mayor profesionalización del sector.

 

Mediante este protocolo ¿cómo se distribuirán las responsabilidades?

Esta determinación “clara y objetiva” permitirá a las empresas del sector SABER QUÉ HACER, CÓMO HACERLO y CUÁNDO HACERLO. Y producidas dichas acciones QUEDAR LIBERADO de responsabilidad, brindando al Estado los elementos de colaboración para que éste ejecute las obligaciones a su cargo. De la misma manera, la violación a ese “qué, cómo y cuándo” será la ÚNICA situación en que, eventualmente, quedará comprometida su responsabilidad en el obrar (praxis).

 

No puede ser responsabilidad de las empresas del sector el RESULTADO FINAL del Servicio 911. Teniendo en miras el alto poder disuasorio que tienen los sistemas de alarmas para evitar la perpetración de ilícitos, y para el desistimiento de aquellos que se iniciaran (por el abandono de la acción delictiva al verificar los malvivientes la activación de una alarma), resulta impensado que las empresas se vean en la postura de incumplidoras de un “deber obrar” por el simple hecho de que al arribar las Fuerzas de seguridad al lugar no se pueda verificar la comisión de un ilícito. La única responsabilidad ha de ser la de hacer lo que se acuerde se deba hacer, de la manera que se acuerde que se deba hacer, y en el momento en que se acuerde que ello deba hacerse.

 

¿Los agentes de la actividad deben efectivizar acciones de “docencia” respecto de los usuarios finales del servicio?

Los consumidores que utilizan sistemas de alarmas monitoreadas deben tomar conciencia que tienen su parte de responsabilidad en esta cadena. Es necesario que las empresas de monitoreo instruyan a los usuarios para que éstos hagan un ADECUADO USO de los servicios. Para ello el Estado, mediante normas claras, deben facilitarle a las empresas del sector las herramientas necesarias para que, una vez efectuada la mencionada “docencia”, puedan acudir a medidas sancionatorias (que generalmente pasan por lo económico), de manera de generar un sistema en el cual el mal uso, que genera costos evitables a la empresa y al Estado, tenga consecuencias medida también de modo economico﷽﷽﷽﷽﷽econra de generar un sistema en el cual el mal uso, que genera costos evitables, tenga consecuencia medida tambique, uómico sobre el propio consumidor.

 

¿En qué ayudará esto?

Si los usuarios toman conciencia del uso adecuado de los servicios, disminuirán los eventos inmotivados (falsas alarmas), y ello redundará en un menor tráfico de incidencias para nuestras empresas y consecuentemente, la disminución de potenciales errores en la ejecución del servicio.

 

Como corolario, CASEL desea expresar que es su vocación lograr colaborar con el Estado en brindar solución al problema planteado, asegurando los intereses de las empresas que la componen y permitiendo la expansión del mercado, pero siempre dentro de un marco de IGUALDAD para las empresas, de manera de comenzar a eliminar el trabajo clandestino que perjudica a las Autoridades, a las empresas y sobre todo, a la ciudadanía en su conjunto.

 

Para más información: info@casel.org.ar