martes 23 de octubre de 2018
Revista Innovación Seguridad » Infraestructura » 1 dic 2004

Modificación a la categoría del sector frente al IVA del 21 al 27%. El dictamen de Telecomunicaciones.

Antes de entrar en la materia específica que nos mueve a dirigirnos a Uds., queremos expresar nuestro mayor agradecimiento a CASEL y a su Consejo Directivo encabezado por su Presidente Ing. Enrique Greenberg, que siempre están atentos ante las novedades del mundo del derecho empresario.


En este caso nos ocupa una modificación fiscal, sobre la alícuota del 21% del IVA, elevada al 27%; ya todos sabemos que hay acciones para tratar de considerar que por la utilización de los servicios de telecomunicaciones, corresponde aplicar al sector el IVA que pagan en la actualidad aquellos prestadores; las autoridades fiscales esperan aplicar la alícuota del 27% al IVA.

Esto en sí mismo encierra una dualidad o una acción conjunta, las cuales son: el cambio de los criterios de evaluación sobre la incidencia del uso del servicios de telecomunicaciones en la prestación de servicios de monitoreo de alarmas a distancia y finalmente la aplicación de la tasa del 27% a todo el monitoreo, con fundamento en la ley del IVA.
En realidad, ya sea por la determinación vía dictamen de la Secretaría de Telecomunicaciones y/o por las autoridades de la AFIP, estamos ante nuevas normas o conjuntos de ellas que deben ser públicas; queremos alertar que los procesos no pueden ser consentidos por los empresarios sin revisar cuáles son los fundamentos de la estimación de oficio.

Nuestra opinión es que impugnen la determinación, sin perjuicio de que este enfoque general tiende a alertar a los empresarios del sector y evitar un grave problema fiscal posterior, dejando aclarado, como siempre nos distingue, que la mejor opinión y consejo técnico es el de los profesionales que los asesoran a Uds., abogados y/o contadores, especializados en cada empresa.

Pero no podemos dejar de señalar que, debidamente tomado a tiempo, se pueden evitar algunos problemas, al menos estimaciones de oficio que tengan efectos retroactivos.

Desde ya que el cambio, jurídicamente y administrativamente debidamente realizado, puede ser resistido por los medios idóneos de los gremios empresariales y tendrá efecto a futuro; pero los intentos de fijar efectos retroactivos deben ser DEFENDIDOS POR CADA EMPRESA Y/O EMPRESARIO EN EL MOMENTO DE PRODUCIRSE O DE CONOCERLO. Luego será tarde e imposible vía recursos jurídicos.
Insistimos: este cambio de alícuota y el aumento que conlleva, para ser viable debe ser efectuado por la Administración Federal de Ingresos Públicos de manera legal y, por supuesto, nosotros consideramos que se pueden evitar estimaciones de oficio sobre períodos ya liquidados y pagados. En toda organización empresarial uno de los costos básicos a la hora de confeccionar cualquier sistema de costos de comercialización es el impositivo. De allí que un cambio hacia el pasado de la tasa del 21% al 27 %, puede originar serias dificultades económicas actuales y la imposibilidad o complejidad para revertir el cuadro económico financiero.

La solución es jurídica, administrativa y judicial; comienza por consultar a su asesor de confianza y/o CASEL para, desde el mismo momento de la primera inspección, poder tomar los recaudos que eviten quedar atrapados en una situación jurídica con pocas defensas técnicas.
En el caso de la alta tecnología, la secuencia de los trámites para importación multiplican los costos hasta los límites de hacer inviables algunas prestaciones de servicios usuales en el resto del mundo. Pero últimamente hemos llegado al colmo de las dificultades para ofrecer servicios como los de seguridad electrónica, al aplicar la AFIP la suba de alícuotas, ya esto es con dudoso fundamento y con efecto retroactivo.

En este pequeño espacio, queremos llevar un mensaje claro a los empresarios de la actividad desde nuestra óptica jurídica: LA INSEGURIDAD JURIDICA QUE GENERA LA FACTURACION SIN CONOCER EL INTEGRANTE IMPOSITIVO DEL PRECIO PUEDE CONDUCIRNOS A UN INMERECIDO Y ARBITRARIO FRACASO EMPRESARIAL; pero el silencio ante las imposiciones de la AFIP, no discutir y defender sus derechos puede ser muy perjudicial. La estructura de la ley 11683 (Procedimiento Administrativo Tributario) contiene plazos muy exiguos, propios además de su metodología, públicos y notorios para todos, que no pueden ser materia de agravios o desconocimiento y que obligan a una anticipación de medios y procedimientos. Lo que intentamos con este mensaje es informar simplemente para poder defender sus derechos a tiempo. La mejor razón jurídica presentada en forma extemporánea, tiene nula acogida.

Una vez tomados los recaudos pertinentes, es importante no desalentarse: LA CONSTITUCION NACIONAL FIJA CLAUSULAS MUY RIGIDAS PARA DETERMINAR TRIBUTOS y, en la mayoría de los casos la AFIP avanza gracias a la falta de reclamo y organización de los empresarios que, como dijimos, por falta de información en forma involuntaria, convalidan la acción fiscal.
ES TAN IMPORTANTE TENER UN DERECHO COMO DEFENDERLO A TIEMPO.

Sostenemos que el alza de la alícuota de IVA del 21% al 27 % es discutible en cuanto a su aplicación en el futuro y debe ser resistida, en fundamento a las distintas modalidades de prestación del servicio; pero estamos persuadidos, sin duda alguna, que no puede ser aplicada con efecto retroactivo, por que no se ajustan al derecho constitucional.

Aprovechamos la oportunidad para saludar a los lectores y amigos de esta Cámara, agradeciendo la atención a este trabajo


Dr. Alberto Biglieri
Especialista en Derecho Administrativo
y Tributario

Dr. Walter Mario Huggias
Especialista en Derecho Empresario y Comercial, Asesor Letrado Externo de CASEL.

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