Nueva reglamentación del monitoreo de alarmas en Córdoba

El 14/8/12, fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba una nueva reglamentación de la Ley Nº7899 que, entre otras actividades, regula el ofrecimiento y la prestación del servicio de alarma por particulares conectadas a dependencias policiales.

De esta forma el nuevo Decreto Nº785/2012 deroga el anterior Decreto Nº927/1993.

Esta reglamentación es lesiva por varios motivos para los intereses de las empresas dedicadas a la actividad del Monitoreo de Alarmas en dicha provincia, particularmente en lo que hace a la aplicación de una tasa que podría llegar a ser de $ 80,00 para los usuarios particulares y $ 160,00 para los usuarios comerciales.

Las empresas afectadas fueron recibidas por las autoridades policiales el día 19/08/12, en dicha reunión se les solicitó una nota que deberían presentar ante el Ministerio de Seguridad, previa vista por parte de la Administración General de la Policía según instrucciones de Ministro del área.

El día 21/08/12 las empresas presentaron un documento de 15 fojas explicando todos los aspectos que proponían se modifiquen, mencionando asimismo la probable inconstitucionalidad del nuevo Decreto.

A partir de allí se sucedieron una serie de pedidos de respuesta a la presentación, o eventualmente de una nueva reunión, sin resultados positivos.

Excepto un comentario a través del vocero del Ministro de Seguridad en la Policía acerca de que era muy factible que se modificara el DR porque era realmente imposible para las empresas pagar el canon.

La situación actual de las empresas es muy complicada en la faceta económica, y suponen que van a sufrir una gran deserción de abonados y esto afectará la masa crítica de usuarios que debe tener cada central de monitoreo.

Con los aumentos que empezarán a regir, las empresas enfrentarán una inevitable disyuntiva: Si no absorben parte de dichos costos, la mayoría de ellas deberá verse obligada a modificar las facturas con un aumento de entre el 40% y el 100%, perjudicando notablemente a los usuarios; en caso contrario de intentar absorber esos incrementos, correrán con el serio peligro de la inviabilidad del negocio.
Desde CASEL nos solidarizamos con las empresas afectadas y manifestamos nuestro rechazo a la implementación de un decreto que aumenta ostensiblemente los cargos en los sistemas de monitoreo de alarma.

Asimismo, estimamos que el régimen de multas por los disparos injustificados es extremadamente oneroso, y consideramos un exceso la autorización otorgada a la Policía para ingresar sin orden de allanamiento en las casas de los clientes y en las empresas de alarmas y a decomisar los equipos afectados al servicio.

CASEL propone a las autoridades de la Provincia de Córdoba incursionar en la experiencia virtuosa mediante la cual las cámaras empresarias vinculadas al quehacer de la seguridad electrónica hemos trabajado en  conjunto con las autoridades de la C.A.B.A. y la Provincia de Buenos Aires, para adecuar las reglamentaciones a la realidad del mercado.

No cuestionamos la potestad del Estado de grabar la actividad sino lo confiscatorio del monto en relación al precio actual y evolutivo del servicio.
 
Desde la fecha de publicación del Decreto de agosto, se encuentra paralizada toda la actividad administrativa de las empresas de los servicios Clase B porque la Policía no tiene instrucciones de cómo actuar. Si bien el decreto fijaba diez días para el re empadronamiento  ya han pasado tres meses sin que las empresas tuvieran intimación alguna.

CASEL ofrece a las autoridades cordobesas su experiencia y profesionalidad para crear un ámbito de análisis conjunto que permita encontrar soluciones satisfactorias para todos los actores involucrados en esta problemática.


Ing. Enrique Greenberg
Presidente de CASEL